Al ser consultado por qué no publican el porcentaje de las 21.211 mesas que están afectadas por inconsistencias, ateniendo que Efraín Alegre mostró solo 15 documentos para argumentar que hubo fraude electoral, el apoderado liberal respondió que esto es un indicio de irregularidades y que no mencionaron en ningún momento la palabra fraude. Es más, echó la culpa a los partidos políticos con representación parlamentaria, al decir que fueron estos los que instalaron esa situación.

“Cuando recibimos la denuncia y recibimos documentación utilizada para el TREP, vemos que difiere de los certificados que tenemos, entonces pedimos hacer un control público y no apurado. A eso se sumó que otros partidos políticos denunciaron otros hechos, al igual que varios ciudadanos cuyos votos no aparecían en los certificados electorales”, dijo.

Al reclamarle que los líderes de la oposición sí hablan de un fraude, González explicó en entrevista con la radio ABC 730 AM que en realidad “hay una desconfianza del resultado oficioso” y aseguró además que sí están respetando los resultados de las mesas electorales”.

“La información trasmitida a través del TREP podría no reflejar la realidad de las actas electorales, que recién están siendo juzgadas desde el inicio. Hay actas que difieren. Entonces pedimos un control pormenorizado, no tomando como un hecho consumado”, defendió.

Sin embargo, el propio Efraín Alegre dijo ayer martes que “hay muestras claras de fraude” y que mostrarán más adelante todos los casos. “Nuestra posición es trabajar en el control de las actas. Hoy recibimos denuncias de diferencias entre las actas y el TREP. Vamos a controlar voto a voto, acta a acta”, aseguró.

EVITA DAR NOMBRES

Se le preguntó al representante de los “azules” dónde estaban todos los jefes de mesa, apoderados, veedores y miembros de mesa del Partido Liberal y la Alianza Ganar cuando se elaboró el acta para el TREP. Ante esto respondió: “Siempre decimos que tenemos indicios y que debe ser corroborado en las actas electorales. Ese documento además es manejado por el funcionario de la Justicia Electoral”, justificó queriendo tirar la pelota al TSJE.

Expuso el caso de la mesa cuatro del colegio electoral en Santísima Trinidad, donde en el acta del TREP figura cero para la alianza, pero los certificados de control muestran 65 votos. “El acta es lo primero que se hace y es trasladado por un funcionario hasta un lugar para enviar al TSJE”, siguió desviando para evitar responder sobre la pregunta inicial.

El certificado de transmisión para enviar a la Justicia Electoral posee tres firmas y una de ellas debe corresponder a los veedores liberales. Sin embargo, en todo momento, el entrevistado evitó decir si llegó a reconocer o no a una de las tres rúbricas como alguno de los integrantes del aparado de control electoral (es decir miembro de mesa de la Alianza). “Yo pregunto por qué hay tanto cuestionamiento hacia la Alianza”, arremetió contra el periodista Enrique Vargas Peña, quien en todo momento reclamaba que sea claro en sus respuestas, ya que apoyaba a la oposición pero deseaba mayores datos que permitan comprender la cuestión.

Al reiterársele la importancia que conlleva conocer cuáles son los nombres, de modo a sustentar la denuncia que hacen, González volvió a responder que esperan el conteo final y que confía en sus hombres. “Después vamos a hablar de los nombres, pero en este momento hay diferencias en resultados y queremos esperar. Nosotros confiamos en los certificados y en los resultados que están en los sobres y en las actas firmadas por nuestros representantes electorales”, acotó.

Por otra parte, denunció que aparentemente hubo doble voto de apoderados y veedores, y que se emitieron carnet del Partido Colorado para el efecto. “¿Cómo podemos comprobar para que sea serio? Debemos tener documentos oficiales. Entonces solicitamos copias de las actas y el padrón electoral de todas las mesas, pero aun no tenemos respuestas”, añadió.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.